Resumen: Por la parte demandada se interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia que atribuyó a la actora la facultad de decidir sobre la realización de pruebas de detección del contagio de Covid-19, así como la administración de la vacuna contra la Covid-19 a su hijo menor. Señala la Sala que debe partirse de la premisa de que la vacunación es voluntaria, por lo que su administración no puede ser acordada en interés de la salud pública o en beneficio de terceros. Por otro lado, es pública la información genérica sobre la gravedad que puede alcanzar la enfermedad causada por covid-19, especialmente antes de que comenzaran a administrarse las vacunas, aunque su gravedad suele ser menor en la población infantil. La resolución debe adoptarse atendiendo al mayor beneficio para su vida y salud, resultando en este caso, que la decisión por la que se decanta la madre viene avalada por la recomendación de las autoridades sanitarias y las pruebas aportadas a autos. En definitiva, no concurre motivo que justifique la revocación del Auto dictado por el Juzgado, teniendo también en cuenta que el mismo no ordena la vacunación de la menor, sino que únicamente autoriza a la madre para adoptar la decisión que considera adecuada en esta materia.
Resumen: Se ha dictado resolución reconociendo prestación de desempleo computando 2.190 días, y ha reconocido 720 días de prestación, así como 188 días consumidos. Aunque el litigio se ha desarrollado sobre la cuestión de los días de cotización existentes, la resolución ha contemplado el máximo legal por lo que la consumición no tiene que ver con los días cotizados y al realizar el cálculo se comprueba que no coincide con lo que resultaría de que se hubiese descontado el periodo de ERTE Covid. El SEPE afirma que se han consumido 36 días por tardanza en la solicitud de la prestación y el resto por otras razones no acreditadas, pero el 21 de abril 2022 comenzó el plazo para solicitarla y no es hasta el 13 de junio cuando tiene lugar la solicitud de la prestación de modo que han transcurrido más de los 15 ofrecidos por la norma. Como los días que se han considerado consumidos por la parte demandada han sido 36 y es un número de días inferior al que ha de computarse, debemos declarar consumidos esos 36 días sin que se pueda perjudicar el derecho del demandante más allá de lo propuesto por la Entidad Gestora.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados como consecuencia de la aplicación de las medidas de cierre de empresas no esenciales por el Real Decreto 463/2020, en el contexto de la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Trabajadora en excedencia voluntaria, es contratada por otra empresa, y, al ver extinguido el contrato de trabajo, se le reconoce la prestación de desempleo. Ulteriormente es contratada por una segunda empresa, y vuelve al desempleo, al ver extinguida la relación laboral. Solicitado el reingreso al finalizar el periodo de excedencia inicialmente reconocido, se le deniega por inactividad derivada del COVID, interesando una prórroga de la excedencia que le es concedida, En dicha situación, la trabajadora impugna la resolución administrativa denegatoria de la prestación de desempleo. La instancia estima la demanda. La sentencia comentada, acepta dos revisiones fácticas y revoca la decisión del Juzgado, entendiendo que la demandante no se encuentra en situación legal de desempleo, por las siguientes razones: No ha existido ninguna extinción de la relación laboral, pues, denegado el reingreso, se aquietó con dicha decisión y pidió una prórroga. La prórroga de la excedencia voluntaria determina el mantenimiento del vínculo contractual, con derecho preferente al reingreso en vacante de similar categoría. La interpretación contraria abocaría a un mantenimiento artificioso de la prestación de desempleo a futuro.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
